Que se disuelva la Conferencia Episcopal

Yo estoy con el actor Alberto San Juan: que se disuelva ya la Conferencia Episcopal. Y que los señores obispos se pongan a trabajar en algo de mileurista (por ejemplo, con mi hermano llevando paquetes en una furgoneta, o de reponedores en un supermercado, o de camareros de bar, o haciendo encofrados en una obra). La verdad es que nos harían un favor muy grande a los demócratas a los que se nos enciende la sangre con sus bravatas de acostumbrados a campar a sus anchas y de imponer su doctrina a sangre y fuego (eso fue la Inquisición, y así anduvieron funcionando los mandamases de la Iglesia durante ese maridaje con el franquismo del que nadie habla para vergüenza de la memoria histórica).

Son de una desfachatez alucinante, y de una chulería que ralla la estupidez. Hacen una nota dirigiendo el voto en contra del partido del Gobierno, desde la soberbia que incluyen literalmente diciendo estar en el derecho y en la obligación de orientar el discernimiento moral que hay que hacer cuando se participa en la toma de decisiones fundamentales para la promoción del bien común, y se quedan tan anchos. Dan por hecho que sólo su posición es moralmente aceptable como base para la elección de la papeleta de votación, y encima se hacen las víctimas cuando se les reprocha el panfleto y se les afea hacer política de parte sin ser ni partido ni legítimos representantes de nada que no sean ellos mismos y su frufrú de capilla incensada.

Ni humildes, ni sencillos, ni cordiales, ni inteligentes. Se pasan la Constitución por el arco del triunfo, y se mofan de la mayoría social de este país que encima les está sosteniendo con sus impuestos.

Creo que se les ha consentido ya suficiente a estos jerarcas rancios y ultraderechistas, y los partidos progresistas deberían ponerse de acuerdo para adoptar medidas. Yo voy a plantearme el voto en función de las propuestas que sobre la redefinición de las relaciones Estado-Iglesia escuche en estos días de ofertas electorales. Porque por encima de las rebajas fiscales, los avances en la igualdad, el empleo, la educación, la política internacional, la defensa, está nuestra dignidad como ciudadanos que no podemos seguir cediendo a la injerencia de la Iglesia Católica en la esencia de la convivencia democrática y plural que define la Constitución, al determinar que la participación pública se hace a través de los partidos políticos y que España es un estado laico y aconfesional.

Quiero que quien gobierne denuncie los Acuerdos con el Vaticano, modifique la forma de financiación de la Iglesia (que debe sostenerse con las aportaciones de sus fieles), suprima las misas de los actos oficiales y ceremonias de Estado, elimine sus privilegios impositivos, les obligue a aceptar las apostasías. Que les baje del pedestal de insolencia en el que están aupados y les trate como al resto de religiones en una España que además de todo también es multirreligiosa. Porque quien no respeta las reglas del juego, que dicen, le pese a quien le pese, que las leyes se hacen en el parlamento a partir de la voluntad soberana de los ciudadanos expresada por sus representantes (que no son ni con mucho los curas y las sotanas), no merecen ser dignos de atenciones que superan hoy por hoy nuestro marco constitucional.

La Iglesia católica vulnera con su actitud en estos tiempos cualquier medida de lo que es oportuno y adecuado. Transgrede la lógica política, invade terrenos que no son suyos, confronta con quien no debe, impone conciencia y no nos respeta a los ciudadanos de bien. Iglesia y democracia están demostrando ser incompatibles, y lo que toca ya es acabar con sus privilegios de vasallaje de la Edad Media.

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